23 de mayo de 2011
Pronunciamiento y propuestas de estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante la “Emergencia Nacional”
Ante el actual debate en torno a la llamada “emergencia nacional”, retomando la iniciativa de los jóvenes de Morelos y la propuesta de pacto nacional que presenta Javier Sicilia, consideramos importante enmarcar este diálogo en un análisis más profundo que pueda ubicar las causas estructurales del problema de la inseguridad, para orientar las demandas y propuestas del movimiento hacia cambios de fondo que nos permitan pensar en una verdadera paz con justicia y dignidad. Esto nos parece de suma importancia para evitar que aquellos que se benefician de la violencia, utilicen la coyuntura actual para confundir o incluso legitimar medidas dirigidas supuestamente a combatir a la delincuencia organizada, pero que en hechos buscan lo contrario.
Es por esto que presentamos a continuación una serie de elementos que creemos que no pueden dejarse de lado en el análisis que sustente toda propuesta que pueda salir de esta discusión, y que sirva para orientar los esfuerzos organizativos frente a este momento.
Aspectos históricos.
La llegada de Felipe Calderón a la presidencia del país ocurre en condiciones dudosas y de amplio descontento en una gran parte de la población. Para consolidar su gobierno, comienza una política militar de “Guerra en contra del narco”, anunciando el 22 de enero de 2007 una “Cruzada Nacional contra el Crimen Organizado (…) para tratar de ganar una legitimidad que nunca ha tenido”.
Desde entonces se advirtieron los altos costos políticos, económicos, sociales y principalmente humanos de dicha “cruzada”, que hoy suman más de 40 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos, miles de secuestrados, extorsionados, desplazados, así como muchos inocentes encarcelados injustamente. Estos resultados de guerra han dejado grandes pérdidas en todos los sectores de la sociedad, incluso en quienes habitualmente no eran “tocados” por el crimen organizado y los militares, como las clases medias, intelectuales y empresarios.
No debe perderse de vista que el hostigamiento militar y el crimen organizado ya estaban ampliamente desarrollados en el México rural, principalmente contra el indígena en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y que ahora pretende consolidarse en todo el país, con el propósito de: 1) acabar con los movimientos sociales, 2) apropiarse de los recursos naturales, 3) controlar y consolidar el tráfico de armas, drogas, de órganos humanos, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, pues estos negocios se presentan como los ejes principales de la acumulación capitalista, desde hace por lo menos treinta años.
Análisis de la actual emergencia nacional
Durante este proceso bélico, que podríamos caracterizar como una estrategia “del shock”, en el sentido de Naomi Klein, se han impulsado y aprobado algunas de las “reformas estructurales” que han favorecido el desarrollo y consolidación del capitalismo neoliberal en México, por ejemplo: “el Decálogo de Reformas” propuesto por Calderón el 21 de septiembre de 2009, entre las que se destacan la Reforma Laboral (desmantelamiento de los sindicatos), la Reforma para la Privatización de PEMEX, la Reforma Económica y la Reforma Política del Estado, etcétera.
Por lo tanto, la postura bélica de Calderón y los resultados desastrosos para el país, antes mencionados, son parte del plan de su gobierno para mantener un estado de pánico entre la población y así romper el “tejido social”, “naturalizando” la violencia entre la sociedad, generando que las filas de la delincuencia organizada estén siendo engrosadas por personas carentes de oportunidades educativas, económicas y sociales.
Por lo anterior, consideramos indispensable señalar que no estamos en presencia de una “estrategia fallida” como algunos intentan presentarla, sino que en realidad ésta tiene objetivos concretos como los que acabamos de precisar, y es parte de una maniobra que lejos de buscar acabar con la delincuencia organizada, pretende consolidar el poderío económico, político y militar de los EEUU en el continente americano; en este contexto queda claro por qué Calderón afirma que mantendrá la “estrategia de guerra” hasta que salga de la presidencia, sin importar sus costos humanos.
-Finalmente, la experiencia en comunidades como Cherán y Ostula en Michoacán, o en las zonas urbanas como Ciudad Juárez, así como algunas experiencias individuales, nos han dejado ver que el gobierno y el crimen organizado no son enemigos entre sí, sino que permanentemente actúan en colaboración plena y abierta, ya sea por la corrupción, por las amenazas, o lo que es peor, por “pacto” común entre las partes, como en el caso de Puerto de las Ollas, Guerrero, en donde las comunidades han denunciado el uso de narcoparamilitares para llevar a cabo tareas contrainsurgentes, o como el caso del campesino Javier Torres, también en Guerrero, quien en diciembre de 2008 fue detenido por elementos del Ejército Mexicano, los que a su vez lo entregaron a sicarios del narco, de quienes escapó, sólo para ser asesinado el pasado 18 marzo de 2011 . Por lo tanto, pedirle al gobierno —es decir, al crimen organizado— que solucione la “emergencia nacional”, siendo éste el principal causante del desastre, es caer en un grave error, en tanto que dicho gobierno es el principal impulsor de la guerra y la muerte con miras a la consolidación de un régimen totalitario.
Sobre los seis puntos del Pacto por un México en Paz con Justicia y Dignidad:
Las exigencias que se plantean en el documento son legítimas y necesitan ser cumplidas. Lo que nosotros planteamos no se opone a ellas, sino que pretende enriquecerlas y ponerlas a discusión nacional. Todas ellas son muy importantes, pero algunas se presentan de manera ambigua, y otras requieren de procesos más largos. Nuestras precisiones son las siguientes:
* Respecto al punto 1: Exigimos esclarecer TODOS los asesinatos ocurridos durante este sexenio en todo el país, así como todos los pendientes en la historia, incluidos también los de presuntos delincuentes, así como los del personal de las corporaciones de seguridad; así mismo, exigimos la presentación con vida de TODAS las víctimas de desaparición forzada (ya sea que sus perpetradores hayan sido miembros de corporaciones policíacas o de la delincuencia organizada) ya que ellos también son víctimas de la estrategia gubernamental y la violencia estructural que caracteriza al Estado mexicano. (Si bien la presentación de los autores materiales e intelectuales de los casos más emblemáticos es un primer paso en el “desagravio a la sociedad”, consideramos que deberán implementarse los mecanismos para la resolución de la totalidad de los casos, ya que cada una de las víctimas de esta “guerra” tiene derecho a que se le haga justicia).
*Respecto al segundo punto, exigimos poner fin a la “estrategia de guerra”, así que demandamos que regresen inmediatamente los militares a los cuarteles. Exigimos el respeto a los derechos humanos y el restablecimiento inmediato de las garantías individuales. Exigimos que el Congreso desista explícitamente de su intento de Reforma a la Ley de Seguridad Nacional. ¡Sin dicho compromiso no puede haber diálogo alguno!
* Consideramos que el punto 3, en donde se “exige combatir la corrupción y la impunidad”, es confuso y que debe ser analizado con mucha prudencia, pues dotar de mayor “autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial”, sólo crearía más impunidad y autoritarismo, ya que en la práctica se tienen registros de que estas dos instancias están profundamente corrompidas y que son parte fundamental del crimen organizado. El abogar por una reforma judicial basada en la implementación de los juicios orales puede ser un elemento potencial para provocar aún más injusticia. Tomando en cuenta la realidad del sistema judicial, nos parece carente de claridad, contradictorio y muy peligroso plantear “el desarrollo de sistemas de control judicial más efectivos” que supuestamente permitirían una reducción en la “discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo”. En cambio, consideramos que el énfasis debe estar en el “control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad” y en la propuesta de eliminar el fuero de los legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno que cometan actos de corrupción y de crimen organizado.
* El punto 4, en el que se exige combatir las ganancias del crimen, es muy importante, y nosotros le agregaríamos que además de demandar información sobre la recaudación de los recursos, de las subastas que organizan entre la alta burguesía, que paga cantidades muy grandes por armas de oro con diamantes, exigimos que nos digan hacia dónde destinan el dinero y nos pronunciamos por que éste se invierta en gasto social, por ejemplo, en la construcción de más escuelas públicas, desde educación básica hasta superior, para aumentar la matricula de estudiantes.
*Sobre el punto 5, acerca de “la atención de emergencia a la juventud y acciones para la recuperación del tejido social”: exigimos a todos los ámbitos de gobierno que se dé un enfoque de “seguridad ciudadana” centrado en asegurar las condiciones sociales de bienestar para toda la población del país; es decir, planes que aseguren el acceso a la vivienda, a los servicios públicos, a ámbitos recreativos y culturales, a la educación y al trabajo no explotador y sí digno. Que se destine al menos 3% del PIB nacional a la educación pública, tal como señala la UNESCO, y se deje de financiar a universidades y escuelas privadas con recursos públicos.
En este mismo punto, consideramos que deben rechazarse las propuestas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) acerca de la intervención directa de la SSP en las Universidades a través del entrenamiento de los trabajadores o custodia.
Asimismo, se debe rechazar cualquier tipo de presencia de la Policía Federal tanto en centros educativos como en centros culturales.
*En cuanto al punto 6, consideramos que no debemos limitarnos a exigir la mejora de las instancias de participación electoral, sino que debemos pensar en las alternativas que tenemos para que quienes ocupen los puestos de gobierno se sometan en todo momento a la voluntad popular, haciendo cumplir el principio del “mandar obedeciendo”. Además, no basta con revocar el mandato de los malos gobernantes, sino que junto con la destitución del puesto, su actuación deberá ser sometida a juicio civil, penal y político debiendo purgar las sanciones que se les asigne al término del mismo. Nos oponemos terminantemente a la modificación de las leyes que permitan la “reelección de legisladores y alcaldes”, ya que, si bien se nos presenta como un elemento de vitalidad para el sistema democrático y motivador de una conducta recta entre los funcionarios, en realidad sólo es un mecanismo con el que intentan perpetuar el totalitarismo y fomentar el enriquecimiento personal y de grupos. Solicitar la reelección de cualquier funcionario es una traición a nuestra historia y al compromiso inicial por el que miles dieron la vida durante la Revolución Mexicana.
Demandas como condiciones para el diálogo.
1. Como condiciones sine qua non para establecer una mesa de diálogo con el gobierno: exigimos la desmilitarización del país y el regreso total de los militares a los cuarteles, así como el compromiso del Congreso de no aprobar la Reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Además, debe cumplirse en primera instancia la destitución de Genaro García Luna como titular de la SSP.
2. Debemos emplazar al gobierno a cumplir este primer punto en un periodo máximo de un mes, pues es una demanda legítima de la mayor parte de la población del país; de no cumplirse esta demanda, no puede establecerse ningún tipo de diálogo.
3. Proponemos que se revoque el Plan Merida, pues constituye una violación a la soberanía nacional, ya que permite la intervención militar y económico-política extranjera en nuestro país.
Si estas demandas son cumplidas y se establece la mesa de diálogo, proponemos:
1. NO PACTAR con el gobierno HASTA QUE se cumplan una serie de demandas básicas de la sociedad que implican además de la desmilitarización, el castigo a los culpables de las muertes inocentes, como las de los niños de la guardería ABC, los migrantes asesinados en todo el país, los jóvenes víctimas del crimen organizado. Esto quiere decir que decenas de funcionarios públicos así como militares y policías, tendrán que ser juzgados por la justicia civil y penal, pues han actuado en contra del pueblo, de la Constitución y de los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos, y han hecho de las instituciones cunas de impunidad al coludirse con el crimen organizado; no se trata sólo de removerlos de sus puestos porque entonces seguirán cometiendo delitos.
2. De no cumplirse estas exigencias, consideramos necesaria la implementación de una estrategia ciudadana de resistencia civil y movilización nacional de todos los sectores de la población, pero también una movilización internacional, que incluya denunciar al gobierno mexicano y particularmente al presidente Felipe Calderón ante los organismos internacionales competentes, por crímenes de lesa humanidad.
3. Cumplánse o no estas exigencia, se propone iniciar gestiones de carácter legal en contra del funcionario público C. Felipe Calderón Hinojosa, para determinar las responsabilidades en que ha incurrido en el ejercicio de su cargo público.
Atentamente.
Estudiantes de los Posgrados en Bibliotecología, Ciencias de la Comunicación, Estudios Latinoamericanos, Estudios Políticos y Sociales, Historia, Historia del Arte, Trabajo Social y colectivo Komuna 23 de Trabajo Social.
