KOMUNA 23

Kaos en la red, Ciudad de México, 11 de septiembre del 2011

Por: Laura Castellanos

Con la consigna: “El peor crimen es callarnos”, una treintena de agrupaciones de periodistas, y otros que lo hicieron a título personal, marcharon para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de las comunicadoras Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, cuyos cuerpos fueron encontrados el primero de septiembre en Iztapalapa.

Judith Calderón, presidenta del Frente Nacional de Periodistas, exigió también “justicia” para los 102 casos de periodistas asesinados durante la década de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) en México.

Expuso que la mayoría de estos asesinatos se han cometido durante el gobierno de Felipe Calderón: 59 casos, además de 8 desapariciones, mientras que en 2011: 139 periodistas y 21 medios de comunicación recibieron distintos tipos de amenazas.

La también secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), observa que estos ataques se recrudecieron desde 2009, “lo que afecta también a la ciudadanía porque la libertad de expresión es un derecho humano”.

Manuel Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), coadyuvante en el proceso jurídico de las dos comunicadoras asesinadas, considera que la vulnerabilidad del gremio crece en el país en medio de artilugios de descrédito y desdén a las víctimas y sus familiares.

Por un lado, las autoridades federales, estatales y municipales a cargo de los casos desprecian a periodistas independientes por no tener pertenecer a la planta administrativa formal de las empresas.

Estas autoridades dicen que “si no hay una relación clara no son periodistas”.

Otra tendencia oficial es considerar que “si los periodistas fueron amenazados fue por actividades personales o pasionales, y en algunos casos vinculan a las víctimas con el narco”.

También, dice, el gobierno usa a medios de comunicación afines para desprestigiar a las víctimas.

“Además hay una diversidad de códigos penales que no tipifican los delitos contra el gremio, y la Fiscalía federal creada para investigar delitos contra éste coadyuva en algunos casos pero no asume ninguna responsabilidad”, puntualizó.

Sergio Sánchez Navarro, del medio independiente Radio Chinelo, de Cuernavaca, Morelos, precisó que los periodistas de los medios libres son aún más vulnerables.

Puso como ejemplo las transmisiones que Radio Chinelo hizo en vivo durante el trayecto de la Caravana Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad de Cuernavaca a la capital mexicana, en mayo pasado, pues “tres veces nos hackearon la página”

De la poca asistencia de la sociedad civil a la marcha, las opiniones se dividieron. Martha Elena Ramírez, de Voz Pública, el programa radial que se transmite desde México en la red comunitaria Radio Bilingüe, de Fresno, California, piensa que la ciudadanía no se solidariza con el gremio “porque las grandes empresas no le abren espacios a ésta, no se siente representada”.

Sánchez, por su parte, opinó: “La sociedad civil es apática no sólo con los periodistas, con los muertos del caso de Javier Sicilia o los indígenas Triquis, pero tú pregúntales a los jóvenes quién ganó en el futbol”.

Sánchez concluyó: “el periodismo está solo en este país”.